En Chile, el procedimiento de tutela laboral permite al trabajador reclamar judicialmente la vulneración de sus derechos fundamentales en el contexto de la relación laboral, ya sea durante el vínculo laboral o con ocasión del despido. Este mecanismo protege derechos consagrados en la Constitución, frente a actos del empleador que los limiten sin justificación suficiente, de forma arbitraria, desproporcionada o irrespetando su esencia.
La tutela aplica en casos como discriminación por raza, sexo, religión, opinión política, edad, entre otros; prácticas antisindicales; y abusos en la negociación colectiva. Busca evitar excesos del empleador, reconociendo que los derechos laborales también tienen un fundamento constitucional, dentro de lo que se denomina la «ciudadanía de la empresa».
Este procedimiento protege, entre otros, los siguientes derechos:
- Vida e integridad física y psíquica.
- Intimidad, vida privada, honor y comunicaciones privadas.
- Libertad de conciencia y culto.
- Libertad de expresión e información.
- Libertad de trabajo y contratación (como cláusulas de no competencia).
- Igualdad y no discriminación en el empleo, conforme al artículo 2 del Código del Trabajo.
Así, la tutela laboral constituye una herramienta clave para resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito laboral chileno.
